Santo Domingo.-Juez Francisco Ortega acogió parcialmente la acusación del Ministerio Público y envía a juicio a seis de siete imputados de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El magistrado descargó al exsenador Jesús-Chú-Vásquez.
Ortega también ratificó la medida de coerción, de presentación periódica e impedimento de salida del país sin autorización judicial, contra los enviados a juicio de fondo, que son Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez.
Ángel Rondón, empresario
Se le acusa de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos en perjuicio del Estado, de recibir millonarias sumas de empresas reconocidas por Odebrecht como sociedades offshore a través de las cuales la División de Operaciones Estructuradas realizaba pagos indebidos y no contabilizados para sobornar a funcionarios.
Conrado Pittaluga, abogado
Se le acusa de complicidad en el delito de soborno y como autor de los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado de actividad delictiva y lavado de activos. Es señalado de servir como testaferro y cómplice de Díaz Rúa, recibiendo sobornos millonarios para la adjudicación a Odebrecht de la Autopista del Coral.
Tommy Galán, senador
Se le acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, de aumentar significativamente su patrimonio desde el año 2010, cuando era presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, desde donde habría influenciado para la aprobación de financiamientos a proyectos a cambio de prebendas.
Andrés Bautista, expresidente del Senado
Se le acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También de intervenir en la aprobación del financiamiento de obras durante los años en que fue presidente del Senado, falsear su declaración jurada de patrimonio y movilizar millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas.
Roberto Rodríguez, exdirector de Inapa
Se le señala de ser autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También de recibir pagos en cheques directamente de una empresa de Rondón y falsear su declaración jurada de patrimonio, ocultando numerosos inmuebles, productos financieros y empresas.
Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas
Se le acusa de soborno, prevaricación, falsedad en escritura pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También de presentar un patrimonio exorbitante que no se puede justificar con los salarios devengados como director del Inapa y ministro de Obras Públicas.
Jesús Vásquez, expresidente del Senado
Se le acusa de prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además es señalado de recibir directamente cheques, su esposa y su hijo, de la misma empresa que fue usada por Ángel Rondón para sobornar a Roberto Rodríguez.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Víctor José Díaz Rúa, sería el ex funcionario que más vínculos tuvo con la multinacional brasileña. En el mismo se hacen referencias a presuntos pagos directos hechos por Odebrecht a empresas del ex ministro de Obras públicas y ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) así como un viaje a Antigua y Barbuda pagado por la constructora.
El procurador afirma en la solicitud de auto de apertura a juicio que de las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa, propiedad de Ángel Rondón, se transfirieron en favor el exfuncionario US$856,804.83 entre los años 2011 y 2013.
Díaz Rúa, en cuyas administraciones se adjudicaron doce de las 17 obras construidas por la Constructora Norberto Odebrecht, cuestionó el por qué si se imputa soborno por los contratos y adendas a los proyectos adjudicados a Odebrecht, solo él fue procesado.
La Procuraduría dice que él manejó unos 35 mil millones de pesos en el sistema financiero; sin embargo, los abogados del imputado han asegurado que algunos de los montos económicos a los que hace referencia la acusación corresponden a cuentas de campañas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que, si existiera un ilícito penal para sancionar las cuentas de campaña, a quien se debería sancionar es al PLD, no a él en calidad de secretario de finanzas.
El senador Tommy Galán, a quien se acusa de ocultar su incremento patrimonial y los supuestos sobornos que recibió de Odebrecht en inmuebles, dejó entrever que en lugar de él y otros ex congresistas, quienes deberían estar imputados son los miembros del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y del Ministerio de Hacienda.
Durante su defensa se explicó que el Senado no hace negocios ni contratos con proveedores, sino que simplemente aprueban o desaprueban financiamientos bilaterales o multilaterales.
Describió al Ministerio de Planificación y Desarrollo como “el laboratorio”, “el útero de los proyectos, que van a ser involucrados en el Presupuesto General de la Nación”, puesto que ahí se hacen los estudios, se determinan las factibilidades, los presupuestos y se evalúan todos los proyectos que se envían a Hacienda.
Los imputados han aportado grandes listas de personas a los que proponen como sus testigos a descargo: ex presidentes y el actual presidente de la República, embajadores, ministros, legisladores, alcaldes, ex consultores jurídicos del poder ejecutivo, representantes de las entidades gubernamentales con las que Odebrecht firmó contrato, empresarios, técnicos y contratistas que de una manera u otra tuvieron vínculos con las 17 obras construidas por la empresa.